Seguridad Alimentaria y Chile: Visibilizar una realidad en el marco de la emergencia sanitaria

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Republished: 13th November 2020

Catalina A. Zamora Fonck

Nutricionista. MSc en Economía Agraria y Ambiental.

Profesora Universitaria, representante Thought For Food en Chile. Voluntaria en organizaciones locales en apoyo a la comunidad producto de la crisis sanitaria. Estudiante diplomado Gestión del Riesgo y Desastres, DDHH y Políticas Públicas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, OPS, el concepto de Seguridad Alimentaria se define como la adecuación nutricional resultante de un buen equilibrio entre la oferta de alimentos y los requerimientos nutricionales (“OPS/OMS Chile - Seguridad Alimentaria”), dicho de otro modo, el término responde al adecuado acceso en todo momento a alimentos de calidad en las cantidades suficientes por parte de toda la población independiente del territorio que habiten.

En Chile, hablar de seguridad alimentaria no correspondía a un concepto recurrente, muy por el contrario, la problemática central correspondía al explosivo aumento de los niveles de sobrepeso y obesidad de la población en general y niños/as. En un informe de FAO, Chile se presentaba con 3,9 millones de adultos chilenos con malnutrición por exceso y una tasa de sobrepeso infantil del 9,3% (“Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: Informe nutricional ONU: la obesidad afecta a 3,9 millones de chilenos adultos | FAO en Chile | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,” 2019) Sin embargo, en el mismo informe, ya anunciaba cerca de 600mil personas con inseguridad alimentaria muy grave y cerca de 2,5 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada, es decir, sin acceso regular a alimentos nutritivos y en cantidad adecuada. Este informe presentaba una cifra inicial pero no definitiva: cerca de 3 meses después, en Chile se produciría un fenómeno social de tal magnitud que cambiaría completamente el concepto de seguridad alimentaria en la población. La fuerza económica fue inevitablemente la más golpeada: la tasa de desempleo se alzó en un 7,8% dejando en evidencia un quiebre en la realidad económica y, en consecuencia, también en el ámbito alimentario.

En suma, el año 2019 aún no terminaba y China anunciaba una crisis sanitaria de gran envergadura llamado COVID-19, que no tardó tocar suelo chileno.

[In]Seguridad alimentaria chilena en contextos de emergencias (sanitarias).

Se prevé que, a causa de la emergencia sanitaria COVID-19, a lo menos 400 mil personas se sumarían al número de individuos con inseguridad alimentaria severa en Chile, esto como resultado del eventual aumento en la tasa de cesantía, pérdida de ingresos y, por ende, la limitación al acceso de alimentos nutritivos (FAO, 2020)

Para poder comprender esta situación, es necesario primero reflexionar frente a los que se entiende por emergencia sanitaria, en términos de lo que sucede frente a pandemias como lo es el COVID-19. Es así como en términos generales, emergencia corresponde a la situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada (Universidad de Alicante, 2013). A esta definición se debe sumar los conceptos de interés público e impacto en la salud pública, obteniendo de esta forma, la definición final de emergencia sanitaria. Sin embargo, aún no logra englobar en sí mismo el concepto de [in]seguridad alimentaria, razón por

la cual, es importante destacar que frente a una situación de emergencia o desastre sea cual sea su naturaleza de origen (fenómenos naturales, biológicos y/o sanitarias, antrópicos), se debe considerar los efectos directos o indirectos sobre la nutrición y alimentación de la población , ya sea en la cadena de producción y suministros (debido a una pérdida en la capacidad de producir o abastecer=disponibilidad) como la obtención de éstos por parte de la población (menores ingresos, pérdida fuente laboral=acceso) (Susana Raffalli, 2014). De esta manera, la capacidad de respuesta para reaccionar frente a una emergencia y atender a la comunidad en riesgo o bajo emergencia debe considerar dentro de sus ejes necesariamente la situación alimentario nutricional de la población expuesta a la emergencia desde la perspectiva de seguridad alimentaria considerando tres pilares fundamentales: (1) disponibilidad de alimentos; (2) acceso a los alimentos; y (3) utilización de los alimentos (PMA, 2009)

En Chile se cuenta con directrices para enfrentar una emergencia o desastre, a través del Plan Nacional de Protección Civil, centrándose en las siguientes etapas de intervención de una emergencia: Prevención, mitigación, rehabilitación y reconstrucción (Ministerio del Interior, 2002). Etapas que le permiten al estado gestionar de mejor manera la acciones a llevar a cabo frente a una emergencia o desastre, sin embargo, las gestiones están enfocadas a la gestión del riesgo frente a fenómenos naturales climático o de tipo sísmicos. Pero no considera explícitamente el proceder frente a una emergencia sanitaria, si el actuar de los diferentes Ministerios y organismos públicos, pero en contextos anteriormente mencionados. Por otra parte, el país cuenta con una Política Nacional de Alimentación y Nutrición, donde se plantea el desafío de Fortalecer los mecanismos de abastecimiento de alimentos ante situación de emergencia, tales como: los programas para preparar y enfrentar las emergencias y catástrofes naturales, y medidas que mejoren la resiliencia del sistema. Así también, la infraestructura e Iniciativas para la reserva de alimentos a nivel nacional y local como también, Fortalecer los mecanismos de protección de la lactancia materna en situaciones de emergencia, disponiendo la creación de espacios adecuados para la práctica de la lactancia materna y regulando la entrega de sucedáneos (Nacional Alimentación Y Nutrición, 2017), sin embargo, no resuelve la problemática de cómo se articulará o gestionará finalmente esta política frente a emergencias sanitarias.

La respuesta alimentario-nutricional en eventos de emergencia o crisis debiera quedar claramente explicadas, respondiendo con precisión preguntas claves para gestionar una política de emergencia:

¿cómo?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿a quién?, permitiendo activar de forma eficiente los protocolos adecuados para intervenir, considerando como eje principal a la población más vulnerable, y con esto no me refiero únicamente de población económica debilitada, sino de la población socio vulnerable como lactantes, niños/as, mujeres, enfermos/as, adultos mayores y grupos originarios, que probablemente se encontrarán ubicados, en términos económicos, en los quintiles de ingresos más bajos y cuyos requerimientos nutricionales son de alta demanda, requirentes de una alimentación adecuada, que en tiempos de emergencia se verá inevitablemente afectada. En esta misma línea, es importante considerar en estos grupos, aquella población que se encuentra ubicadas en zonas de difícil acceso (quebradas, zonas rurales) o no reguladas (tomas, campamentos) que, en tiempos de emergencias, se ve aún más golpeada en todos los aspectos: necesidad de trasladarse para conseguir ingresos (empleos lejos de su domicilio, ingresos no formales), falta de acceso a servicios básicos y agua potable, redes de apoyo nulas o intermitentes, dentro de otras.

En razón a lo anterior, se proponen mecanismos y estrategias que aseguren tanto la salud en términos de protección frente a coronavirus como de seguridad alimentaria:

  • Alianzas público-privadas que permitan la obtención de alimentos a través de la donación de éstos (Ley que Prohíbe el Desperdicio de Alimentos, por ejemplo), permitiendo la recepción y distribución en todo el territorio nacional, priorizando aquellas personas y/o familias que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Esto podría ser articulado a través de las corporaciones municipales (CESFAM, postas rurales, establecimientos educacionales) y organizaciones civiles para potenciar la fluidez y efectividad en la entrega de los alimentos (y voluntariados).

 

  • En relación con el punto anterior, capacitar a organizaciones civiles para descongestionar el servicio de salud a nivel primario, DIDECO, entre otros, canalizando la ayuda hacia la entrega de insumos alimentarios sobretodo en localidades rurales y/o de difícil acceso. Durante la fase de recuperación de la emergencia, mantener estas organizaciones para apoyar en el catastro de familias afectadas y/o beneficiadas por las estrategias de gestión de emergencias sanitarias. Asimismo, aumentar la cantidad de personal sanitario en terreno como Nutricionistas, Kinesiólogos y terapeutas ocupacionales que podrían realizar atenciones en el marco de visitas domiciliarias en determinadas localidades para pesquisar grupos familiares vulnerables (monoparentales, jefe de hogar mujer, con hijos en edad preescolar o menores, embarazadas), adultos mayores solos o en situación de abandono, pertenecientes o no a programas de salud de su comuna y CESFAM o consultorio y que no cuentan con el adecuado acceso a las medidas sanitarias y alimentarias

 

  • Generación de un subsidio a los alimentos saludables, comprendidos por los grupos alimentarios de frutas y verduras frescas, carnes y pescados. Esto es de vital importancia pues frente a una disminución en los ingresos de la población, las preferencias alimentarias se verían seriamente afectadas, dejando de lado la adquisición de alimentos considerados de alta calidad nutricional y prefiriendo productos alimentarios de baja calidad nutricional y altos en nutrientes críticos (Caro et al., 2018). Por ende, no sólo habría una dificultad en el acceso a alimentos saludables sino también se podría observar, en los meses venideros, un aumento en el porcentaje de población con malnutrición por exceso probablemente generado por el cambio en la elección y preferencias alimentarias de la población debido a una alimentación poco

 

  • Reapertura en sectores rurales y/o vulnerables de establecimientos educacionales públicos como espacios para la elaboración, coordinación y entrega de comidas a la población inscrita en dichos establecimientos, es decir, reactivación del Programa Alimentario Escolar, resguardando las medidas de inocuidad y medidas de protección frente a COVID-19. Esto es vital de considerar dado que eventualmente la comida que está dentro de este programa y que recibían sus beneficiarios podría corresponder a la más importante (y en algunos casos a la única comida adecuada). Se propone la vigilancia y coordinación a partir de los Servicios de Salud y/o Corporaciones Municipales (Departamento de Salud), solicitando apoyo profesional idóneo para velar por la integridad del servicio en todo el proceso de elaboración, empaque y distribución.

 

  • Permitir e incentivar el retiro anticipado por parte de la población objetivo, de alimentos correspondientes a los programas alimentarios PNAC/PACAM o generar entregas espaciadas, pero en cantidades aumentadas, anticipando el tiempo que no se retirará los alimentos por parte de la población. Esto es y debe ser gestionado a nivel de CESFAM o Consultorios.

 

  • Generación de medidas económicas de protección al precio de los alimentos, de manera de evitar mayores brechas en el acceso a los alimentos por parte de la población. En este contexto, incentivar la producción y comercio de pequeños agricultores como actores principales en el abastecimiento de determinadas localidades del país.

Todas estas propuestas son perfectibles en pro de la población y vienen a recordar que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental y es deber del Estado velar porque así sea (FAO, 2007)

 

Bibliografía

Caro, J. C., Corvalán, C., Reyes, M., Silva, A., Popkin, B., & Taillie, L. S. (2018). Chile’s 2014 sugar- sweetened beverage tax and changes in prices and purchases of sugar-sweetened beverages: An observational study in an urban environment. PLOS Medicine, 15(7), e1002597. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002597

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Nacional Alimentación Y Nutrición, P. DE. (2017). POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. Retrieved from www.minsal.cl

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PMA. (2009). Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias.

Susana Raffalli, A. (2014). Seguridad alimentaria y nutrición en situaciones de emergencia. Anales Venezolanos de Nutricion. Retrieved from http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522014000100024

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